El director General de Administración y Finanzas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo
eñaló que a partir del fallecimiento de Lizbeth Martínez Hernández en el atentado por parte del crimen organizado a las instalaciones de la
Coordinación de Seguridad Estatal en Tula, se estableció contacto con los familiares a fin de otorgar el apoyo correspondiente con los gastos funerarios.
El día de los hechos se entabló la comunicación con los familiares de la víctima del ataque a la Coordinación de Seguridad, en concreto con la mamá, el esposo y hermana de la fallecida, a quienes se les informó la situación, y se apoyó en lo que permite la ley con los gastos funerarios, velorio, sepelio y un apoyo extraordinario que tuvo la señora por parte de las autoridades.
“Hubo facilidades que se otorgaron también ante el ayuntamiento de Progreso de Obregón lugar donde fue sepultada Lizbeth pues la PGJ intercedió ante el alcalde quien permitió sin costo alguno que se hiciera la fosa, sin costo para nadie, se hicieron esas gestiones a favor de los familiares,” detalló.
Ante los señalamientos de la madre de Lizbeth sobre la negación de las dependencias a entregar el seguro de vida al que tiene derecho por ser beneficiada como voluntad de la occisa, el director de General de Administración y Finanzas explicó que todo el personal que labora en instancias de gobierno son beneficiados con un seguro de vida, en el caso de Martínez Hernández también contaba con dicho beneficio.
Enfatizó que el seguro de vida que alcanzó Lizbeth de acuerdo al tabulador del Gobierno del Estado asciende a 75 meses de salario base, lo que se traduce en 190 mil 575 pesos, de los cueles resultan beneficiados la madre de Lizbeth y su marido, ambos con el 50 por ciento.
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