Mediante la Ley 195 del año 2011, denominada la Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar, se amplió la protección de hogar seguro a los fines de proteger la familia contra embargos y ejecuciones tomando en consideración la alta incidencia de impago de ciertas deudas, lo que ocasionaba que los acreedores terminaran quedándose con el hogar de muchas familias.
Todo individuo que esté domiciliado en Puerto Rico tiene derecho a poseer y disfrutar en concepto de hogar seguro una finca consistente en un predio de terreno y la estructura de vivienda enclavada en el mismo o un apartamento sometido al régimen de la Ley de Condominios que le pertenezca y esté ocupado por este o su familia.
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